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Recurso de apelación estimado y absolución por delito de amenazas

Garro y Núñez Abogados > Casos de exito penal  > Recurso de apelación estimado y absolución por delito de amenazas

Recurso de apelación estimado y absolución por delito de amenazas

Con anterioridad a los hechos existe una mala relación entre un hijo (mayor de edad) con sus padres debido a su dependencia al consumo de drogas, que deriva en actividades delincuenciales, y ello sumado a trastornos psiquiátricos.

 

Los padres ya habían denunciado en ocasiones anteriores a su hijo por hechos similares, habiendo sido condenado por ello.

 

Ante tal situación, el hijo acude al domicilio familiar de los padres, y al no abrir estos la puerta de entrada, comenzó a golpear la puerta con violencia, produciendo daños en la puerta del domicilio, en la ventanas que dan a la terraza del mismo, el buzón, profiriendo además múltiples insultos, descalificativos, y amenazas de muerte hacia sus progenitores.

 

Dichos hechos fueron presenciados por tres vecinos.

 

El procedimiento se inició como un delito de daños, injurías, y amenazas graves. Finalmente en etapa de instrucción se transformó a delito leve de amenazas.

 

En primera instancia el hijo fue condenado como autor de un delito leve de amenazas.

 

Disconforme con dicha resolución, se decidió recurrirla.

 

 

  • ESTRATEGIA PLANTEADA

 

En el presente caso hay que tratar de valorar todos los elementos de prueba periféricos tanto favorables como desfavorables:

 

  • Tenemos un atestado policial, de los cuales los agentes de policía nacional no dejan de ser testigos de referencia, es decir, ellos no han presenciado los hechos y únicamente relatan en su atestado lo que los denunciantes han dicho que ha ocurrido, lo cual deberemos de contrastar con lo que finalmente terminan por denunciar y con lo que declaran en sede judicial por si hubiera alguna contradicción.

 

  • El hijo ya tiene antecedentes penales muy variados, entre ellos por agresiones y amenazas tanto a sus padres como a terceros.

En consecuencia, al no ser delincuente primario, salvo circunstancias excepcionales no es posible llegar a una posible conformidad de los hechos.

 

  • El hijo es consumidor habitual de sustancias estupefacientes (cocaína y hachís).

Ello nos permite poder abrir una posible vía para el caso de condena de una atenuante de drogadicción.

 

  • Hay que ver y valorar lo posibles testigos.

En el presente caso, como testigos estaban los denunciantes (padres) y unos vecinos.

Los testigos no siempre terminan por ser concluyentes y definitivos, es decir, dependiendo de las convicciones de cada uno de ellos, y compromiso personal con alguna de las partes, así como del interés y preocupación de participar en dicho procedimiento judicial, los propios testigos pueden terminar por dar respuestas evasivas a fin de no tener “problemas” con alguna de las partes (“no sé porque me llaman para esto”, “no…si yo no he visto nada”, etc.). Y, en el presente caso, durante la instrucción, se fueron “desmontando” las versiones ofrecidas por tres vecinos, y se fue “suavizando” los hechos por los que se investigaban a nuestro cliente, terminando finalmente el procedimiento en un delito leve de amenazas.

 

Bajo nuestro criterio profesional, decidimos que era mejor que el cliente se acogiera a su derecho a no declarar. El hecho de que una persona se acoja a su derecho a no declarar, no implica que acepte los hechos por los que se le acusa, ni lo hace ser o parecer más culpable (en principio), sino que en ciertas ocasiones como en el presente caso resultaba conveniente que así lo hiciera.

 

 

  • RESOLUCIÓN DEL CASO:

 

En primera instancia, el juzgado condenó a nuestro cliente como autor responsable de un delito leve de amenazas a la pena de un mes de multa con una cuota diaria de diez euros y costas.

 

Y, no conforme con ello esta parte presentó recurso de apelación contra dicha sentencia, resultando estimado, y en consecuencia revocó dicha sentencia condenatoria y absolvió a nuestro cliente del delito por el que había sido condenado.

 

 

  • CONCLUSIONES

 

Únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen al órgano enjuiciador las que se practiquen en el juicio oral, dado que en el procedimiento probatorio éste ha de estar sometido necesariamente a un debate contradictorio ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia

 

Existe un desplazamiento de la carga de la prueba que incumbe a la acusación y no la defensa. Esto es, la parte acusadora es quien tiene que probar la culpabilidad aportando el material probatorio para ello. Así por ejemplo, la parte acusadora debió de haber solicitado la citación de los agentes de policía que intervinieron el día de los hechos, para la ratificación de lo expuesto en el atestado policial.

 

Ocurre en ocasiones que por diferentes motivos (ya sea por la saturación del juzgado o ya sea por la técnica jurídica de quien enjuicia), se emiten sentencias estereotipadas y con una parca fundamentación, que da lugar a contradicciones en el razonamiento lógico de la condena, lo cual ya permite una “fisura” para la interposición del recurso de apelación y que puedan “rehacer-modificar” los hechos probados a los efectos de una resolución favorable para nuestro cliente.

 

Entiende la Sala de apelación que la sentencia condenatoria de instancia se tiene que basar exclusivamente en el testimonio de los denunciantes, y en todo caso debe prescindirse, a los efectos acusatorios, del contenido de la intervención delos agentes, pues no han comparecido en la vista oral.

 

A los efectos de valorar la prueba testifical de la víctima o perjudicado, en aquellos casos de delitos que se cometen en la intimidad (sin otros testigos adicionales a estos), y por los que la declaración de ésta es la única prueba, se viene exigiendo que se atienda a ciertos criterios orientativos o cautelas (que no requisitos) que en definitiva están orientados a constatar la inexistencia de razones objetivas que puedan hacer dudar de la veracidad de lo que se dice, tales como:

  • Ausencia de incredibilidad subjetiva

  • Verosimilitud del testimonio,

  • Persistencia en la incriminación

 

Las razones de incredulidad subjetiva son evidentes: la mala relación de convivencia existente entre los implicados, que al parecer trae causa de problemas de drogadicción del encausado.

 

En el juicio, se sacó a relucir que el denunciante refirió la pasividad de la policía ante este tipo de denuncias, por lo que el tribunal de apelación entendió que ello pudiera dar lugar a que se exagerasen los hechos de la denuncia en aras a que se le hiciera caso.

 

Finalmente, en lo relativo al relato y su persistencia del denunciante-víctima, la sala de apelación lo valoró como inconsistente (por existir variaciones con la denuncia presentada, y con su posterior declaración en sede jucial, y ello con la propio testimonio prestado en la vista)

 

Por consiguiente, tenemos una imputación procedente del denunciante que no es persistente, que se formula de forma inconsistente y que carece de cualquier corroboración objetiva. Por ello dicho testimonio no reúne caracteres suficientes para erigirse en prueba de cargo.

 

Todo lo cual supone que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del recurrente, y procede por ello la estimación del recurso y la absolución del recurrente.

 

 

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